Concejo de Yopal debatió expansión del catastro rural con CATASIG: controversia por propuesta de $18.700 millones
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
En el Concejo Municipal de Yopal se desarrolló ayer una mesa de trabajo de alto nivel con la participación del gestor catastral CATASIG SAS EICE, actual contratista del servicio público catastral urbano y rural del municipio. El encuentro fue convocado para discutir la posible ampliación del catastro rural en la jurisdicción.
CATASIG SAS EICE, habilitado por el IGAC como prestador del servicio de gestión catastral, fue contratado inicialmente durante la administración del exalcalde Luis Eduardo Castro. El contrato, firmado en 2023 bajo el proceso SECOP MYCA-SPM-CD-158-2023, asciende a $7.036 millones.
Cabe destacar que desde diciembre de 2021, la empresa ya venía operando en el municipio tras haber sido habilitada en septiembre de ese mismo año.
Propuesta para caracterización rural
Durante la sesión, Elvira Martínez, representante legal de CATASIG, presentó una propuesta para ejecutar una caracterización integral del catastro rural, que incluye:
- Levantamiento cartográfico, agrológico y geodésico
- Identificación de propietarios
- Valoración de predios y actas de colindancia
El costo estimado del proyecto asciende a $18.700 millones, valor que, según la entidad, es necesario para alimentar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) previsto para 2026.
Como alternativa, se planteó una opción más limitada: un contrato por zonas homogéneas con un presupuesto de $3.500 millones, que solo se ejecutaría una vez y cuya utilidad para el POT sería marginal, además de representar riesgos de alza en el impuesto predial de pequeños propietarios.
La propuesta fue fuertemente cuestionada por la Secretaría de Planeación Municipal. Su titular, la doctora Bernarda Perilla, calificó como “una falta de respeto” que una propuesta de tal magnitud viniera en un documento de apenas cinco hojas, sin un desglose detallado de los costos ni claridad sobre su alcance.
Frente a las críticas, Elvira Martínez afirmó que CATASIG no es responsable de formular el proyecto en su totalidad, ya que su rol es exclusivamente técnico, no político ni administrativo. Adicionalmente, señaló que tanto los concejales como la administración debieron acudir mejor preparados para tratar los temas técnicos, insinuando vacíos en la estructura institucional de la mesa de trabajo.
Por norma, el municipio está obligado a ejecutar un catastro rural multipropósito. Dado que ya existe un gestor contratado, la administración deberá decidir si continúa con CATASIG o inicia un nuevo proceso licitatorio.
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