Gobierno alista proyecto de estatuto antiterrorista para combatir organizaciones criminales
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, detalló los alcances del proyecto de ley para la creación de un estatuto antiterrorista que el Ejecutivo presentará ante el Congreso. La iniciativa se enmarca dentro de la anunciada «estrategia integral de seguridad» del presidente Abelardo de la Espriella, orientada a combatir a las estructuras que la administración considere «narcoterroristas» mediante un régimen especial y una lista delimitada de objetivos.
Según Lara, el estatuto contempla una caracterización especial para los miembros de estas organizaciones, un régimen penitenciario diferenciado y la creación de agravantes punitivos, como la tipificación del delito de gran minería ilegal vinculada a dichos grupos. En declaraciones a Noticias Caracol, el jefe de la cartera diferenció esta propuesta de la gestión anterior de Gustavo Petro al señalar que en ese periodo se subían a tarimas y hacían política con ellos.
Mientras el mandatario De la Espriella planteó que la norma abarcará a la totalidad de las organizaciones criminales, Lara precisó que el catálogo inicial incluirá al ELN, la Segunda Marquetalia y las disidencias al mando de alias Mordisco y Calarcá, a quienes acusó de narcotraficar e incendiar zonas como el Tolima. El ministro descartó que la iniciativa constituya un estado de excepción o busque replicar modelos como las medidas de Nayib Bukele en El Salvador o el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay de 1978, asegurando que será respetuosa de la Constitución y aplicable de forma exclusiva a estructuras probadas por la justicia.
La propuesta legislativa evoca precedentes históricos como el régimen de Turbay, que facultó al Ejército para detener civiles sin orden judicial hasta por diez días y suscitó críticas de organizaciones sociales. Asimismo, en 2003 el gobierno de Álvaro Uribe impulsó un estatuto antiterrorista que, tras ser aprobado por el Congreso, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2004 debido a vicios de trámite y violaciones a la separación de poderes.
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