Judicializan a tres militares señalados de entregar información al Clan del Golfo
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un teniente y dos sargentos del Ejército Nacional, señalados de presuntamente entregar información reservada a integrantes del Clan del Golfo a cambio de dinero.
Los procesados son el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías.
Según la investigación, los tres uniformados habrían hecho parte de una red que, entre enero de 2022 y febrero de 2025, obtenía información relacionada con movimientos de tropas, operativos y acciones militares contra esa organización criminal en Antioquia y el sur de Bolívar.
La Fiscalía sostiene que los hechos contaron con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, conocida con el alias de ‘La Tía’, quien ya fue condenada por su participación en esta estructura.
Uno de los casos investigados involucra al entonces subteniente Bravo Olaya, quien presuntamente recibió un millón de pesos el 2 de enero de 2022 para suministrar información sobre los desplazamientos de militares bajo su mando en el sector de Ayapel, Córdoba.
En el caso de Sicacha López, las autoridades lo señalan de haber aceptado una promesa de pago a cambio de revelar detalles relacionados con operaciones militares. Entretanto, Henao Luna habría recibido dinero por proporcionar información sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba.
Las capturas fueron efectuadas por unidades del CTI y la Policía Nacional en Cali, en Distracción, La Guajira, y en Yopal, Casanare.
Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, de acuerdo con la responsabilidad atribuida a cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.
Sicacha López aceptó los cargos y deberá cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Los otros dos militares fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación continúa en manos de las autoridades y la responsabilidad penal de los procesados deberá ser determinada por la justicia, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.
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