Juliana Guerrero, imputada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, hizo pública este lunes su renuncia al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. A través de una misiva oficial, la exdirectiva, quien ocupaba dicho asiento por designación del presidente Gustavo Petro, argumentó que da un paso al costado debido a las investigaciones en curso y a los constantes ataques en su contra, asegurando que aportará lo necesario para el esclarecimiento de los hechos.
La dimisión coincide con la apertura de una nueva investigación de la Fiscalía contra Guerrero y su hermana por un presunto entramado de favores y corrupción en los ministerios de Vivienda e Interior. Tras las recientes revelaciones de la revista Semana, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, donde rechazó versiones sobre vínculos sentimentales, solicitó a las investigadas devolver el dinero en caso de haberlo recibido e invitó a ambas a colaborar con las autoridades judiciales.
El caso ha generado diversas reacciones dentro del Pacto Histórico. La exsenadora María José Pizarro calificó el entramado de repudiable, mientras que la activista Laura Daniela Beltrán lo tildó de indefendible. A estas posturas se sumó el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Jorge Rojas, quien instó a la justicia a actuar frente a las denuncias de posibles coimas y probable tráfico de influencias atribuibles a las hermanas Guerrero.
Por su parte, en entrevista con Noticias RCN, la directora del Fondo de Adaptación y excolaboradora presidencial, Angie Rodríguez, ratificó las acusaciones sobre presiones y solicitudes de puestos en varias entidades públicas, expresando además su disposición para dialogar con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Ante estas declaraciones, el presidente Petro ordenó al ministro de Hacienda declarar la insubsistencia de Rodríguez, argumentando incapacidades psiquiátricas y señalándola de manipulación.
