Concejal Leonardo Infante demanda al IFC por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal admitió una acción popular interpuesta por el concejal Leonardo Infante Tovar contra el Instituto Financiero de Casanare (IFC), por presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
La demanda, radicada bajo el número 85001-33-33-005-2025-00302-00, fue admitida el 26 de junio de 2025 y solicita una intervención judicial para frenar lo que el accionante califica como una gestión ineficaz y riesgosa de la cartera del IFC, especialmente aquella derivada del convenio liquidado con el ICETEX desde 2009.
Según el documento, el IFC recibió más de 57 mil millones de pesos en cartera de créditos educativos, pero al 31 de diciembre de 2024 aún quedaban pendientes por recuperar más de 52 mil millones, con el agravante de que 94.5% de esa cartera está en categoría de alto riesgo (E).
Entre las denuncias más graves que formula el concejal están:
La suscripción de créditos sin garantías exigibles por vía judicial.
La presentación masiva de demandas que terminan siendo rechazadas por los jueces por falta de títulos ejecutivos válidos.
La falta de políticas claras de recuperación de cartera y de un revisor fiscal, a pesar de manejar recursos públicos.
El contrato firmado en 2015 con la firma REASERFIN LTDA, que no cumplía con requisitos y cuya legalidad fue cuestionada.
La desviación del objeto institucional del IFC hacia actividades de vivienda y obra pública, en lugar de enfocarse en la educación y el desarrollo productivo.
La acción popular solicita, entre otras medidas, que el juzgado ordene al IFC revisar su normativa interna, fortalecer su esquema de cobranza, detener la interposición de procesos judiciales improcedentes y garantizar una adecuada supervisión fiscal.
Además, insta a que los jueces civiles y administrativos de Yopal unifiquen criterios respecto a la competencia en procesos ejecutivos relacionados con estos créditos, para evitar que la falta de claridad siga alimentando la inseguridad jurídica.
«Lo que aquí está en juego es la protección del patrimonio público de todos los casanareños», sostuvo Infante Tovar, quien radicó esta acción tras no obtener una respuesta satisfactoria del IFC frente a su solicitud de medidas correctivas presentada en febrero de 2025.
El proceso ahora continúa su curso con la notificación formal al IFC y la posibilidad de que ciudadanos interesados se hagan parte del mismo
About The Author
