Defensoría del Pueblo pide reevaluar la suspensión de la programación en 20 emisoras de paz
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Defensoría del Pueblo solicitó a Inravisión, antes RTVC, reevaluar la suspensión de la programación propia en las 20 emisoras de paz creadas tras el Acuerdo de 2016, señalando que la medida debe considerar su enfoque informativo, territorial y diferencial. La determinación de la entidad pública reemplazó las transmisiones locales por música y la señal centralizada desde Bogotá en los 11 municipios donde operan: Florida, Bojayá, Arauquita, Puerto Leguízamo, Algeciras, El Tambo, Chaparral, Ituango, Convención, Fonseca y San Jacinto. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, se sumó al rechazo advirtiendo que la orden de la dirección general puede vulnerar el derecho constitucional a informar y recibir información.
Según denunciaron periodistas del sistema operado por Radio Nacional de Colombia, la instrucción de interrumpir los contenidos habituales se transmitió vía mensajería instantánea por disposición de la nueva gerente, Ángela María Mora. Periodistas indicaron además la designación de supervisores editoriales en los consejos de redacción, citando como ejemplo la negativa a cubrir el impacto del reciente terremoto en comunidades afro e indígenas del Cauca bajo el argumento de no politizar la información. Las 20 emisoras afectadas constituyen la principal fuente de noticias para más de 463 mil personas en áreas rurales, en un país donde el 86% de la población escucha radio, equivalente a más de 38 millones de personas según datos de 2025 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La medida se enmarca en un paquete de reestructuración anunciado por la ministra de Tecnologías, Alexandra Falla, y la directora Mora, que incluyó la terminación de la franja noticiosa y de opinión emitida de 6 a.m. a 10 p.m., la cual absorbía el 90% de los recursos periodísticos. El plan contempla la revisión de 1.051 contratos vigentes por un valor cercano a los 100 mil millones de pesos con el acompañamiento de órganos de control. Esta reconfiguración coincide con la política de recorte estatal promovida desde el Ejecutivo, que abarca la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el restablecimiento de la Consejería para la Seguridad Nacional y el eventual desmonte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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