
Los decodificadores estaban alterados y tenían un software que permitía recibir cualquier frecuencia televisiva.
La Fiscalía General de la Nación logró que quedara en firme y ejecutoriada la primera condena por violación de los mecanismos de protección de la televisión por suscripción.
El material de prueba obtenido permitió establecer que Gustavo Adolfo Mejía García, de manera ilegal y sin tener autorización para hacerlo, comercializó decodificadores para desencriptar y acceder irregularmente a la señal satelital de importantes canales internacionales de televisión.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que esta persona, representante de una empresa con sede en Rionegro (Antioquia), comercializó estos equipos por internet, entre 2013 y 2017, por valores que se acercaban a los $600.000. Con instalación, el costo superaba los $900.000.
La Fiscalía constató que este producto fue vendido y despachado desde Rionegro hacía otros municipios de Antioquia, el Eje Cafetero, el norte del país y Bogotá. Asimismo, en diligencias realizadas en una finca de la vereda La Laja de Rionegro, en agosto de 2016.
Por disposición del Tribunal Superior de Antioquia, Gustavo Adolfo Mejía García deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión y pagar una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como responsable del delito de violación a los a los mecanismos de protección de derechos de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones.