Lili Pink reconoce proceso administrativo y jurídico tras diligencias del CTI en sus establecimientos
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelantó este 27 de abril una serie de allanamientos simultáneos en más de 300 establecimientos de las marcas Lili Pink, Yoi y Lili Beauty en diversas ciudades del país. Las diligencias judiciales forman parte de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando textil, que incluiría además capturas y procesos de extinción de dominio sobre bienes vinculados a la estructura empresarial. Las autoridades buscan establecer si la cadena de comercialización de estas marcas fue utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Ante la magnitud de los operativos, la empresa Fastmoda, propietaria de las marcas, emitió un comunicado oficial en el que reconoce enfrentar un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias. La compañía informó que su equipo jurídico trabaja de manera coordinada con las autoridades para asegurar que la situación se maneje dentro del marco legal. Asimismo, la firma hizo un llamado público a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proteger la continuidad de la marca, subrayando que su trayectoria de más de 20 años ha sido fundamental para la generación de miles de empleos directos e indirectos en Colombia.
La estructura corporativa de Lili Pink, fundada en 2006 por la familia Abadi, ha estado bajo la lupa de los investigadores tras su venta en 2015 a la firma panameña Lili Brands. Las pesquisas actuales analizan el esquema relacionado con la marca YOI y otras empresas vinculadas, con el fin de determinar responsabilidades dentro de la cadena comercial. Aunque la empresa resalta su consolidación como referente nacional e internacional, la Fiscalía mantiene las acciones judiciales orientadas a establecer el alcance de las presuntas irregularidades en el ingreso de mercancías y el manejo de activos.
Actualmente, el caso se encuentra en una etapa de investigación y recolección de pruebas, por lo que no existen decisiones judiciales en firme contra los representantes de Fastmoda. La intervención de la SAE en este proceso sugiere que parte de los establecimientos y activos podrían entrar bajo administración estatal mientras se resuelve la situación jurídica de la propiedad.
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