La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Casanare emitió un balance preliminar que contabiliza más de 400 familias damnificadas en la zona norte del departamento, como consecuencia de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Pauto, La Curama y Ariporo. Wilson Porras, director de la entidad dependiente de la Gobernación, informó que las administraciones locales, las oficinas municipales de gestión del riesgo y los cuerpos de socorro adelantan censos técnicos para consolidar las cifras definitivas de afectados y coordinar la distribución de asistencia humanitaria dispuesta por el gobierno departamental. Asimismo, el funcionario señaló que las obras de mitigación construidas previamente en puntos críticos redujeron el impacto de las crecientes en sectores históricamente vulnerables.
La distribución geográfica de las afectaciones preliminares se discrimina de la siguiente manera:
Municipio de Pore: Se reportan más de 230 familias damnificadas debido a las crecientes de los ríos Pauto y La Curama. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el personal de la alcaldía local mantienen verificaciones de daños en las veredas La Plata, Macolla, El Garzón, Brisas del Pauto, Miralindo, Regalito, La Jase, La Sequi, Vijagual y Ramón Nonato.
Paz de Ariporo y Trinidad: Se estima un aproximado de 200 familias afectadas en las áreas rurales. Las inspecciones técnicas concentran su atención en las veredas Rincón Hondo, Elvecia, La Barranca, Bendición de los Troncos, Las Mercedes y Cañadotes.
Por otra parte, los pronósticos e informes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantienen vigentes las alertas máximas para la región:
Alerta roja por deslizamientos: Se advierte sobre una alta vulnerabilidad de remoción en masa en las áreas montañosas y de ladera de los municipios de Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, Sabanalarga, Támara y Yopal.
Alerta roja por inundaciones: Persiste el riesgo de nuevos desbordamientos en las cuencas de los ríos Ariporo, Pauto y Casanare, situación que obliga a las autoridades a realizar un monitoreo constante de los niveles de los caudales en puntos estratégicos del departamento.
