Minsalud denuncia presuntas irregularidades en contratación de Capresoca EPS durante intervención

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, denunció ante la Corte Constitucional una serie de presuntas irregularidades en la contratación de la EPS intervenida Capresoca EPS, que habrían ocurrido durante la gestión de la agente interventora Betty Cecilia Anaya Nieto.

La denuncia se conoció en el marco de una audiencia relacionada con el presunto desacato frente a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), donde el jefe de la cartera de Salud alertó sobre posibles manejos indebidos en contratos clave para la prestación de servicios en el departamento de Casanare.

Entre los casos expuestos, se destaca un contrato por aproximadamente 24.000 millones de pesos para el suministro de medicamentos, adjudicado a una empresa que, al momento de su firma, contaba con un capital cercano a los ocho millones de pesos y no tenía puntos de dispensación habilitados en la región. Según el ministro, esta situación genera dudas sobre la idoneidad del contratista y la proporcionalidad del negocio.

Asimismo, Jaramillo señaló un segundo contrato por cerca de 20.000 millones de pesos para la prestación de servicios de salud mental, entregado a una empresa con sede en Barranquilla, cuyo patrimonio era de apenas 18 millones de pesos. Este contrato implicó el reemplazo de un operador que había prestado el servicio durante más de 15 años en el departamento, lo que generó preocupación entre autoridades regionales, incluso por el traslado de personal desde la capital del Atlántico.

El ministro calificó los hechos como “el robo más descarado” y aseguró que su actuación se ha centrado en poner la información en conocimiento de los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes. También enfatizó que ni el presidente de la República ni el Ministerio tendrían participación directa en las decisiones cuestionadas.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses de la interventora Betty Cecilia Anaya Nieto, mientras avanza una investigación disciplinaria. El Ministerio Público busca establecer si hubo omisión de funciones, en medio de un deterioro en los indicadores de atención de la EPS, reflejado en un aumento del 144% en las peticiones, quejas y reclamos, así como un incremento del 56% en las acciones de tutela.

En paralelo, la Superintendencia Nacional de Salud decidió prorrogar la intervención de Capresoca EPS hasta el 7 de octubre de 2026, al considerar que persisten las condiciones que motivaron la medida.

El Ministerio de Salud reiteró que la intervención busca garantizar la continuidad y calidad del servicio para los más de 174.000 afiliados de la EPS en Casanare, mientras se espera el avance de las investigaciones disciplinarias y fiscales que permitan esclarecer los hechos denunciados.