El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio por concluidas las funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, quien se desempeñaba como encargado de negocios y jefe de la Embajada de Bolivia en Bogotá. La determinación del gobierno colombiano se adoptó en aplicación del principio de reciprocidad internacional, luego de que la Cancillería de Bolivia declarara persona non grata y ordenara la salida de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García Castillo.
El origen de la tensión diplomática radica en las manifestaciones que completan tres semanas en Bolivia, promovidas por la Central Obrera y organizaciones campesinas afines al expresidente Evo Morales, quienes solicitan la dimisión del mandatario Rodrigo Paz. El gobierno boliviano, que vincula las protestas con una estrategia de desestabilización en favor de Morales —declarado en rebeldía judicial por cargos penales—, calificó como una intromisión que el presidente Gustavo Petro se refiriera a las jornadas como una «insurrección popular» y sugiriera la existencia de motivaciones políticas detrás de los procesos judiciales del vecino país. El presidente Paz calificó la postura de su homólogo colombiano como reprochable por priorizar afinidades ideológicas sobre la historia diplomática entre ambas naciones.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Colombia argumentó que sus actuaciones no constituyen una injerencia y ratificó su apego a las normas del derecho internacional, tales como la igualdad soberana, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en asuntos internos de otros Estados. No obstante, el documento oficial de la diplomacia colombiana reafirmó la voluntad de mantener los canales abiertos y reiteró el ofrecimiento del presidente Petro para actuar como mediador en el conflicto civil, aclarando que dicha facilitación solo se implementará en caso de ser solicitada expresamente por el gobierno de Bolivia y con el propósito de favorecer la estabilidad institucional en la región.
